La (presuntamente) reprobable conducta del rey emérito, tras décadas de ejercicio elogiable y elogiado, ha abierto el debate sobre la conveniencia de sustituir la monarquía por la república como forma de la jefatura del Estado en España. Es un debate lícito y constitucionalmente permitido pues nuestra Constitución no está blindada, y en ella —a diferencia de otras muchas— todo puede ser reformado. Pero el debate está en exceso cargado emocionalmente por lo que no sobra elevar la mirada para percibir nuestra Monarquía como una más de un amplio conjunto, lo que permite dar razones que, creo, avalan dejar las cosas como están. Relato algunas de ellas, aunque seguro que hay más.

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Para comenzar —y es quizás el más relevante de mis argumentos— es sabido que buena parte de las mejores democracias del mundo —casi la mitad— son monarquías parlamentarias. Igualmente, la totalidad de las monarquías parlamentarias son democracias de calidad. Los datos son conocidos, y tan es así que, según Freedom House, es más probable que una democracia sea de calidad si es monarquía que si es república. Quien argumenta pues —como hace nuestro vicepresidente— que monarquía y democracia son incompatibles, debería revisar sus datos. Puede argumentarse que esto es casual, pero tanta correlación sería mucha casualidad. En todo caso es evidente que monarquía y democracia no sólo no son incompatibles, sino que se llevan magníficamente bien.

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Se acusa también a las monarquías de ser instituciones anacrónicas y viejas. Pues bien, se puede comprobar también que todas las monarquías parlamentarias figuran entre los países más modernos y avanzados del mundo, ya sea en respeto a los derechos humanos, sanidad, educación, igualdad de género, eficiencia administrativa, rule of law, investigación, transparencia, etcétera. Quim Torra asegura que desea transformar Cataluña en la Dinamarca del sur, pero parece olvidar que Dinamarca es otra monarquía parlamentaria, de modo que debería aclararnos quién sería el rey de esa Dinamarca del sur.

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Se asegura con frecuencia que las monarquías tienen un alto coste presupuestario, pero los datos disponibles (muy mejorables, por cierto) tampoco avalan esa afirmación. Una estimación comparada mostraba en 2012 que la jefatura del Estado española costaba 0,23 dólares per capita, la mitad que la presidencia de la república alemana (0,46) y mucho más barata que la británica (1,06), la holandesa (3,15) o la noruega (7,58). (Véase H. Matthijs, How Much Does A (European) Head Of State Cost? Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, 2013). La jefatura de Estado más cara resulta ser Francia, 10 veces más cara que la Corona española que gestiona hoy un ridículo presupuesto de menos de ocho millones de euros, claramente insuficiente.

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Está acreditado que la monarquía es el mejor sistema para mantener la unidad en países que tienden a fragmentarse; “la mejor solución al problema del orden político”, afirma una muy reciente investigación (véase Why Monarchy? J. Gerring et al, Comparative Political Studies 1-38, 2020). El hecho de que el jefe del Estado sea hereditario lo coloca por encima de cualquier grupo, partido o territorio, y así funciona como símbolo de unidad de modo más eficiente que si hubiera sido elegido a propuesta (o en representación) de alguien. No es casualidad que las monarquías parlamentarias estén vinculadas con uniones de reinos o demos compuestos, como el Reino Unido, Bélgica o la misma España. Unidad en el espacio, de toda la nación, pero también en el tiempo, pues la dinastía se apropia y representa la historia total de ese país. Una anécdota: cuando Juan Carlos I llegó a Costa Rica en 1977, el entonces presidente, Daniel Oduber, lo recibió con estas palabras: señor, hace 500 años que esperábamos la visita del rey de España. Difícilmente esto se hubiera podido decir con un presidente republicano.

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Como apuntaba antes, España es buena prueba de todo ello, y basta meditar quién, qué persona, podría ser jefe de un supuesto Estado republicano. Incluso una personalidad tan carismática como Felipe González sería fuertemente rechazado por muchos españoles, bastante superior al rechazo que, incluso hoy, sufre la Corona. No estaría de más que los partidarios de la república sugirieran nombres de posibles presidentes para que pudiéramos valorar el consenso que consiguen.

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La experiencia histórica española certifica todo lo antes señalado. Por dos veces hemos intentado establecer repúblicas, con éxito conmensurable. La primera república, que fue recibida con enorme ilusión, fracasó estrepitosamente tras durar poco más de un año, consumir cuatro presidentes y generar nada menos que tres guerras civiles: una carlista, una cantonal y una colonial, en Cuba. ¿Qué decir de la Segunda República recibida, si cabe, con mayor entusiasmo? Pero cuyo fracaso fue estrepitoso, dando lugar, otra vez, a luchas fraccionales y nacionalistas que acabaron en una terrible guerra civil, una dictadura y, tras 40 años, una nueva monarquía, restaurada o reinstaurada, es lo mismo, hoy.

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Por ello Santos Juliá pudo escribir que, si somos los que más tronos hemos derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado. Afortunadamente, pues las dos restauraciones monárquicas han sido éxitos destacables. La primera restauración abrió uno de los periodos más provechosos de la historia moderna, y entre 1879 a 1923 tuvimos por vez primera sociedad burguesa, alternancia política, administración pública, justicia y prensa libre, industria, ateneos, ópera, e incluso ciencia (y recordemos a la Junta de Ampliación de Estudios). Y si la primera restauración fue positiva, ¿qué decir de la segunda, que inaugura el segundo gran periodo de la historia moderna de España, los 40 años que van de 1978 hasta la crisis del 2007?

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Se discute la legitimidad de origen de la Corona actual. Pero la monarquía parlamentaria, en España y en los otros países, tiene la misma legitimidad que tendría una república, pues ha sido votada y aceptada mayoritariamente en sendos referéndums constitucionales. Los españoles, como los suecos o los daneses, tenemos hoy monarquía porque así lo quisimos, no porque nadie nos lo impusiera, y tiene la misma legitimidad que tiene el Estado autonómico, el concierto vasco o navarro, los fueros, o el plurilingüismo, una pieza más de un complejo pacto político que, si se revisara, se revisaría en su totalidad.

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Pasar de monarquía a república en España hoy implica una imposible e inviable reforma constitucional agravada, que exigiría un consenso político mayoritario, resistente incluso a unas elecciones, hoy por completo ausente. Un cambio que exigiría tirar por la borda la Constitución (¿de qué modo?), para abrir un nuevo periodo constituyente. Eso es tanto como dar un salto al vacío. De hecho, datos reiterados del CIS muestran que menos de uno de cada 200 españoles considera la Monarquía un problema importante, que si hoy se discute es como cortina de humo para tapar otros problemas que sí lo son.

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Finalmente, no cancelas una institución porque uno de sus ocupantes haya cometido errores censurables. Si así fuera, tendríamos que cancelar al honorable president de la Generalitat, al director de la Guardia Civil, al gobernador del Banco de España, a los presidentes de media docena de CC AA, y un larguísimo etcétera. Lo que sí debemos es preguntarnos cómo ha sido eso posible, qué controles han fallado y cómo evitarlo en el futuro.

Mi conclusión es que no hace falta ser monárquico para defender la jefatura del Estado que tenemos, pues la nueva Monarquía constitucional es compatible con casi cualquier identificación ideológica, como lo fueron las del comunista Carrillo, el socialista González o el nacionalista Tarradellas. Todo puede ser mejorado, sin duda, y creo sinceramente que Juan Carlos I, que ayudó a institucionalizar la democracia, hizo poco por institucionalizar la Corona, con consecuencias que están a la vista. Pero me temo que sería mucho peor el remedio propuesto que la supuesta enfermedad de la institución. En todo caso, mucho cuidado, pues los hombres somos los únicos animales que tropezamos tres veces en la misma piedra.

       
 
Emilio Lamo de Espinosa es catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)